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Aumenta robo de combustibles de ductos de Pemex, alerta Congreso


De 2012 a la fecha se ha disparado el valor del robo de gasolina y diésel a Pemex a nivel nacional
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30 de Mayo 2016
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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la PGR agilice las investigaciones en torno al robo de combustibles de ductos e instalaciones de Pemex y pidió a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) un reporte detallado de las medidas implementadas, para prevenir la ordeña de hidrocarburos combustibles y garantizar una adecuada vigilancia en ductos e instalaciones.

Los senadores y diputados conminaron a los gobiernos estatales para que presenten un informe sobre la coordinación que establecen con la Federación para combatir la sustracción ilegal de combustibles.

Destacaron que en el primer trimestre de 2016, el número de tomas clandestinas en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó 12.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2015, al pasar de mil 211 a mil 360.

Los legisladores señalaron que de 2012 a la fecha se ha disparado el valor del robo de gasolina y diésel a Pemex a nivel nacional, pasando de poco más de 4 mil 300 millones de pesos en 2011 a 6 mil millones de pesos en 2012, a 9 mil 320 millones de pesos en 2013, 20 mil 645 millones de pesos en 2014 y un estimado de 17 mil millones de pesos en 2015.

Los 10 municipios con mayor número de tomas clandestinas detectadas por Pemex, son:

Altamira, Tamaulipas con 270; Huimanguillo, Tabasco con 116; Irapuato, Guanajuato, con 106; Quecholac, Puebla con 88; Cárdenas, Tabasco con 86; Tepeaca, Puebla con 81; Zapotlanejo, Jalisco con 68; González, Tamaulipas con 68; Degollado, Jalisco con 66; y Pénjamo, Guanajuato con 65.

Además, en la delegación Azcapotzalco se localizaron dos predios, desde los cuales se robaba combustible mediante tomas clandestinas conectadas a ductos de gasolina de Pemex, junto con tráileres y camiones modificados para transportar hidrocarburos de forma ilegal.

La Permanente consideró que la Federación tiene que coordinarse con las instituciones locales, municipales y de seguridad pública, así como las autoridades del sector energético, a fin de prevenir y detectar operaciones relacionadas con los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Los representantes populares recordaron que el robo de hidrocarburos, está penado con una condena de 15 a 25 años de cárcel.

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