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UAEM, autonomía universitaria y Suprema Corte de Justicia de la Nación

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La SCJN ha definido en diversos criterios en que consiste la autonomía universitaria
22 de Agosto 2016
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Aunque el concepto de autonomía universitaria se remonta hasta el siglo XI, cuando nace la que se considera la Universidad más antigua, la de Bolonia y obtienen sus estudiantes de Federico Barbarroja, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el amparo de leyes imperiales y que garantizo su protección ante la Ciudad-Estado de Bolonia, en México apenas surgirá hasta el año de 1917 cuando el gobernador de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio le otorga mediante decreto a la Universidad Nicolaita la autonomía.

La Universidad Nacional de México la obtendrá en 1929 y en 1980 la autonomía universitaria alcanza el rango de derecho fundamental y queda plasmada en el apartado VII del Artículo 3ero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. De ahí que la autonomía de las universidades tenga su fundamento en la Constitución Federal y ninguna Entidad Federativa la pueda limitar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en diversos criterios en que consiste la autonomía universitaria, señalando de manera específica que las universidades públicas son órganos del Estado que cuentan con autonomía, la cual implica dotarlas con competencias, entre otras, de autogobierno, en atención a la necesidad de lograr con la mayor eficacia la prestación del servicio educativo que les está atribuido.

La Corte considera que la autonomía universitaria es una garantía. La garantía institucional dota, señala la Corte, a las universidades públicas de una neutralidad que le permite prestar el servicio educativo y, a la par, garantizar el goce de ese derecho fundamental, al margen de interferencias e intereses ajenos a esos fines, sino por el contrario, su actividad se ve orientada por los principios de imparcialidad y especialidad técnica.

La Corte ha señalado que la autonomía universitaria cuenta con rasgos propios y específicos distintos de los que corresponden a la autonomía que conforme a la Constitución General de la República se otorga a diversos órganos del Estado, como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los Tribunales Agrarios, el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y los Tribunales Contencioso Administrativos de la Entidades federativas y de la Ciudad de México.

Con base en lo anterior, la Corte estima que la garantía institucional de autonomía universitaria impide que ningún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación.

WGA

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