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  • Por: Armando Ríos Ruiz

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  • Los mexicanos tienen derecho a pensar que la única institución que no puede sufrir los estragos de la corrupción, es la Suprema Corte de Justicia, por ser el máximo tribunal del país. Por lo mismo, su manejo debería ser el más transparente, con la finalidad de engendrar en la ciudadanía confianza absoluta de que, por lo menos, existe una instancia digna y abrigadora de todas las esperanzas.

    Pero estamos en México, en donde todo ha olido mal desde tiempo inmemorial, inclusive la Suprema Corte y en donde nadie quiere poner remedio, porque eso significa dejar de lado increíbles ganancias. Hace muchos años fue asesinada en Acapulco, la niña Merle Yuridia Jacques Mondain, por un tal Alejandro Braun, quien recibió ayuda cínica de varios magistrados para evadir la justicia. El asunto alcanzó al mismo presidente de la institución, Carlos del Río.

    A principio del mes pasado, un telefonema alertó sobre un automóvil estacionado en el edificio de la Suprema Corte, de Boulevard Picacho-Ajusco, en cuyo interior había una bolsa con cuatro millones de pesos. Dicho vehículo estaba asignado a Francisco Javier Pérez Maqueda, director general de Inmuebles y Mantenimiento, quien, por cierto, había sido destituido e inhabilitado en dos ocasiones anteriores, de cargos similares en otras dependencias.

    Parece que se trata de un hombre con mucha suerte, pues una vez fue inhabilitado por cinco años y otra por 90 días, por encontrarle irregularidades serias en su desempeño. Sin embargo, en ambas fue exonerado. En esta ocasión, alegó en su defensa que un funcionario de mayor influencia pretende criminalizarlo con actos de corrupción y que el dinero le fue “sembrado”. Por cierto, llegó a la Corte el mismo día que tomó posesión como presidente de la misma, Luis María Aguilar Morales.

    En esta misma ocasión, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en el ejercicio presupuestario y en cuatro contratos de construcción, a cargo de la dependencia que dirige Pérez Maqueda. El dinero encontrado en el carro invita a pensar en algún descuido. La misma Corte debe investigar exhaustivamente, para deslindar responsabilidades. Por lo pronto, el funcionario en cuestión ya fue separado del cargo, aunque dice que nadie se lo ha notificado.

    Si es verdad que el dinero fue sembrado para criminalizarlo, como dice, entonces se hace necesario ampliar la investigación al funcionario que señala el director de Inmuebles, para determinar la causa. Se antoja increíble que alguien disponga de cuatro millones de pesos y los meta a un automóvil a sabiendas que los perderá, sólo para involucrar a alguien en un supuesto delito.
    ariosruiz@gmail.com

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