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  • Eduardo Blanco
  • Respecto al caso Ayotzinapa

  • El Gobierno en turno demostró transparencia

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  • Refiriéndome al informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como polarizador en la opinión de la sociedad mexicana, el mismo concluye que se deben abordar y agotar otras líneas de investigación, como las provenientes de los teléfonos celulares de los normalistas, la participación de policías de otras localidades y la concerniente a un móvil derivado del narcotráfico; sin embargo podemos concluir que los resultados derivados de aquel documento no son objetivos, pues no siguana una línea propositiva y se fundamentaban en desacreditar y no en proponer.

    Esto sin mencionar algunas cuestiones, como lo fue el costo para el Estado por la participación de aquellos expertos y la decisión de acudir a sus opiniones por las relaciones entre ex procurador y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.

    Ahora bien, en el ámbito Nacional ¿Qué evolución ha tenido este asunto? primeramente, el 13 de Abril, la PGR hizo pública la tercera parte del caso Ayotzinapa, se trata de 37 mil 215 fojas fojas, divididas en 47 tomos, información de tipo clasificada, testada con apego a los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y que hoy puede ser consultada prácticamente por cualquiera en la página de la Unidad de Trasparencia y Apertura Gubernamental de la fiscalía mexicana.

    Un día después, el 14 de Abril, el Poder Judicial a través de las sentencias del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas se pronunció también respecto al tema, rechazando una posible desaparición forzada buscada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), hecho que corrobora la versión oficial reiterando: “Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”.

    De manera precisa, la SEIDO no demostró el ocultamiento de las víctimas, que es uno de los tres requisitos para acreditar la figura de la desaparición forzada, recordemos que los otros dos son: a) La negativa de los acusados a dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas, y; b) Que los civiles involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios.

    Finalmente la sentencia confirma: “La naturaleza jurídica (del delito de desaparición forzada) es distinta a la de otras figuras delictivas atentatorias contra la libertad personal, pues penaliza las acciones represivas de índole gubernamental en contra de la sociedad civil, que se traducen no sólo en la privación de la libertad de uno o varios individuos, sino predominantemente en su ocultamiento bajo detención”.

    En suma, para un servidor, estos dos últimos actos demuestran por una parte, transparencia del Gobierno en turno, pues este pone a disposición de toda la población el expediente de un tema que pudiera ser el mas relevante en cuanto a seguridad pública se refiere en los últimos años, y segundo, principalmente manifiesta congruencia, ya en muy diversas ocasiones el Poder Judicial se ha mostrado certero en sus sentencias y decisiones, aun en menoscabo de cualquier acto de los otros dos poderes de la nación, siempre vigilante de la observancia correcta de la ley que procure una verdadera justica, en ese entendido, las resoluciones de referencia confirman que el trabajo que se ha venido realizando (sin desestimar de ninguna manera el informe del GIEI) ha sido el correcto, sin verse opacado por acciones que pudieran prestarse a confundirle con la realización de hechos que indiquen ilicitudes.

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