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Gobernantes sin acuerdo ante la inseguridad

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28 de Diciembre 2016
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Morelos encabeza el ejemplo de las disputadas entre autoridades indispuestas a un esquema colaborativo de gestión de la policía.

La renovada fricción entre Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo de los problemas que enfrenta la retórica política y la coordinación operativa policial frente a la inseguridad.

Como al inicio de 2016, la Secretaría de Gobernación intervendrá para sugerir esquemas de coordinación, de lo contrario nos enfrentaremos nuevamente a un esquema de encaprichamientos nocivos para la población.

La confianza social, constitutiva del fortalecimiento del tejido social, sufre daños renovados ante la inhabilidad de la clase política en su conjunto de acordar un esquema respaldado y unívoco para desmantelar las violencias.

Aquellas relacionadas con la delincuencia organizada, proveniente de administraciones anteriores y de esta, merece la mayor tención.

También debe enfatizarse que la sugerencia clara y convincente de “los cómo” consensuados para contenerla se aleja conforme se aproxima el año de la sucesión.

Desde octubre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto exhortó a las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados a legislar sobre un conjunto de medidas en que sobresalían el establecimiento de un esquema policial y de seguridad preventiva único. No ha avanzado en el país.

Recientemente la Secretaría de la Defensa, en la voz de su titular, el general Salvador Cienfuegos, sugirió formalizar las competencias y facultades que harían posible a esa institución y a sus integrantes no ser afectados por la percepción pública de excesos en el contexto del combate a la delincuencia mediante su presencia más que requerida en zonas donde la propia policía es insuficiente, está infiltrada o su corrupción e inefectividad derivan en buena parte de la falta de preparación de sus integrantes.

Incompetencias policiales y presencia de las fuerzas armadas, especialmente de la Armada y del ejército son por ahora socialmente percibidas como parte de una misma problemática.

Casi un centenar de académicos y especialistas, todos ellos insistentes en sugerir un amplio pacto político y social para enfrentar la violencia en el país, han insistido desde la UNAM, en la pertinencia de un pacto político y social amplio para enfrentar la crisis de violencia la cual ha alcanzado a las familias, sino también a mujeres, niños y ancianos.

En el documento denominado Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia se articulan 36 puntos pasado junio en las instalaciones de la propia UNAM, se nos recuerda en el material de referencia.

La credibilidad a que convocó el presidente Peña Nieto el domingo pasado en la emisión del mensaje navideño y su exhortación a hablar bien de México parece chocar con la opinión muy extendida de que el gobierno federal no realiza competentemente el conjunto de labores clave para desmantelar contundentemente las violencias y en particular la inseguridad asociada al crimen organizado.

La credibilidad es una pequeña parte de la confianza e, igualmente, siendo parte de ella, sugiere la salud que la propia confianza en general guarda en la sociedad frente a la autoridad.

Un pacto social parce lejano en el inicio del prólogo para la competencia por el poder presidencial, basada ésta en la disminución de reconocimiento de méritos de la autoridad y soportada básicamente en la minimización del trabajo colaborativo que un pacto como aquel exigiría.

Así que, por delante, parece haber tanto una necesidad de pacto como la disminución de estímulos políticos para conseguirlos.

Todo porque las miras particulares de las fuerzas políticas se fundamentan en el desmantelamiento de la credibilidad y, más grave, en el de la confianza que aún conserva diezmadamente la autoridad.

confianzafundada.mx

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