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  • Dilema del PRI: corrupción de gobernantes

  • La suspensión de derechos políticos de Duarte entreabre una caja de pandora

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  • Una de las piezas básicas en la valoración de la opinión pública respecto del tema central de la corrupción es el comportamiento del PRI, cuya preferencia declinante no parece avizorarse.

    En el contexto de una acumulación interminable de casos registrados de corrupción gracias a la investigación periodística y a la filtración directa, conocidos por la población en la observación cotidiana y mantenidos impunes por diferentes grupos regionales, económicos, de operación política, la iniciativa del PRI es al mismo tiempo reactiva y preventiva.

    Trata de responder ante la noción general del declive del PRI e intenta prevenir su continuación prolongable hasta la derrota electoral, si no en las elecciones mexiquenses, con alta probabilidad en el 2018.

    Ante la necesidad inaplazable de que el partido en control de la Presidencia de la República iniciara la construcción de una percepción distinta que lo distancie de ser el partido con más negativos en materia de corrupción, la suspensión de los derechos políticos de Javier Duarte, primer gobernador en funciones que la enfrenta, es apenas un paso tibio a los ojos de la opinión pública más informada y exigente, pero es tremendo dentro de las filas del PRI.

    El grupo de servidores públicos con mayor poder, encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto, está obligado a enviar una señal de reordenamiento sin que al mismo tiempo se violenten las lealtades y silencios a que se obliga la clase política tricolor como ninguna otra a partir de su experiencia en el gobierno durante cinco generaciones con las derrotas incluidas del 2000 y 2006.

    Mediante el inicio de las acciones iniciadas con la suspensión de derechos partidarios a Duarte, el resto de los gobernadores acusados de corrupción y que además y en relación con ella, perdieron las elecciones de su partido, entreabre una caja de pandora en la cual no están excluidas las revelaciones y filtraciones para tratar de inhibir la acción del ejecutivo federal y del nuevo liderazgo que encabeza Enrique Ochoa Reza.

    Una muestra de esa tensión entre quienes pretenden iniciar una depuración creíble y quienes temen padecerla en el ámbito no solamente partidario, sino penal, está la información acerca de la liquidación dada por la CFE a su ex director y actual dirigente y persecutor de partido.

    Además de que por sí misma, por monto, modo y oportunidad con que fue entregada, la liquidación por supuesto es de merecido escrutinio público, revela el inicio de esa apertura de la caja de demonios que pueden salir del tricolor.

    La construcción de confianza alrededor del PRI costará aún muchos ajustes internos. Ni será el único partido ni será la última de las escaramuzas que atestiguaremos.

    confianzafudada.mx

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