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Sigue en el aire la Ley 3 de 3


Establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales
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02 de Septiembre 2016
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Hace unos días, 24 de agosto legisladores de distintos partidos políticos interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de un numeral de la llamada ley 3 de 3 y con esto el proceso legislativo se judicializó.

Primeramente, definamos que este recurso legal: “Las acciones de inconstitucionalidad son el medio de impugnación para plantear directamente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción entre una norma de carácter general, ya sean leyes federales o locales, o tratados internacionales y la propia Constitución”.

La Ley 3 de 3 que establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, comenzó como una iniciativa ciudadana que a la postre sería incluida en el Sistema Nacional Anticorrupción y finalmente se promulgó dentro de ese paquete de leyes el 18 de Julio pasado.

Acción sin duda alguna justa al momento que México vive, pues lo números en esta materia son alarmantes, por citar un par de datos: a) En 2015, por cada 100 mil habitantes que realizaron tramites con algún servidor público, 12 mil manifestaron haber sufrido algún acto de corrupción y 59 mil creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 realizada por el INEGI), y; B) Según el estudio Índice Global de Impunidad, realizado por la Universidad de las Américas, México ocupa el segundo lugar en impunidad en el mundo, solo detrás de Filipinas.

Sin embargo, desde el momento de su aprobación diversos grupos parlamentarios se inconformaron con el resultante artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), mismo que en un principio buscaba hacer obligatorias las declaraciones mencionadas con anterioridad, pero que al final la publicidad de las declaraciones se volvió opcional, pues se consideró que algunos rubros pueden afectar la vida privada o los datos personales de los involucrados.

Será el Ministro José Ramón Cossio Díaz quien se encargue de realizar el proyecto de resolución correspondiente, y la misma que se dará a conocer en un plazo de entre seis meses y un año, determinado, si el artículo de la ley mencionada a través de su redacción y literalidad, transgrede lo estipulado por nuestra Constitución Política, esperemos que resuelva el supremo tribunal.

Pero como lo he dicho, la ley que no se aplica, no sirve de nada, porque es la voluntad de los ciudadanos, servidores públicos, y de todos en general quienes hacemos que esta cobre verdadera vigencia.

P.D. FELICIDADS AL MTRO JOSÉ MANZUR QUIROGA QUIEN RECIBIÓ EL 25 DE AGOSTO LA MEDALLA BENITO JUÁREZ POR PARTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA.

WGA

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