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  • SCJN suspende recurso en contra de Cuauhtémoc Blanco


  • La orden de destitución del alcalde de Cuernavaca y otros de sus colaboradores quedó suspendida por "Tiempo Indefinido"
  • Por Guillermo Espinoza Hace 4 meses
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  • Crédito: Foto Cuartoscuro
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  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la “Controversia Constitucional” interpuesta por el Municipio de Cuernavaca en contra del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Morelos.

    Con esta acción, la Corte Suspendió también la orden de destitución del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, y miembros del Ayuntamiento, por lo que quedo sin efecto “Por Tiempo Indefinido”, debido a la suspensión.

    La Controversia fue presentada por la Sindica del Municipio de Cuernavaca en contra del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y los poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, para demandar la invalidez del decreto número 2193, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5514 de fecha 19 de Julio de 2017.

    Fuentes de la Suprema Corte, señalaron que el referido decreto invoca el artículo 91 de la “Ley de Justicia Administrativa” del Estado de Morelos, relativa a la declaración del magistrado instructor de determinar el desacato de una autoridad para cumplir una determinación del Tribunal de Justicia Administrativa, y facultándolo para emitir la destitución e inhabilitación por seis años para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal.

    El escrito de demanda argumenta que tal declaración resulta incongruente en una interpretación de la propia norma administrativa en su artículo 11 fracción V, además de ser contraria a los preceptos constitucionales de integración y autonomía municipal salvaguardados por el artículo 115 constitucional.

    En el acuerdo de admisión, el Ministro Instructor, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, resolvió que se tiene como demandados en este procedimiento constitucional a los poderes Legislativo y Ejecutivo, al Tribunal de Justicia Administrativa, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.

    El Ministro Zaldívar, acordó también emplazar a las autoridades demandadas para que contesten dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, y las requirió para que junto con sus informes envíen al Alto Tribunal las pruebas relacionadas con el caso, bajo apercibimiento de que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa.

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