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  • ¿Qué ha pasado a un año del socavón del Paso Exprés?


  • La tragedia en la vía rápida cobró la vida de dos personas y ha dejado sanciones para 8 funcionarios por su responsabilidad directa e indirecta
  • Por Capital Digital Hace 2 meses
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  • Crédito: Cuartoscuro
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  • A un año del socavón en el Paso Exprés, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no ha concluido la investigación iniciada tras las muerte de dos hombres que no fueron rescatados a tiempo.

    El 12 de julio de 2017, Juan Mena Romero de 59 años y su hijo, Juan Mena López de 33 años viajaban en su vehículo por la vía que tenía apenas tres meses de haber sido inaugurada. A la altura del kilómetro 93+850 cayeron en el hueco que se formó en la carpeta asfáltica. Su rescate tardó alrededor de 10 horas; ellos permanecieron vivos los primeros 90 a 120 minutos después del hecho.

    La SFP informó, el pasado 5 de julio, que impuso sanciones a ocho servidores públicos; 7 de ellos pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

    Sin embargo, la autoridad no reveló los nombres de los servidores públicos involucrados en el tema.

    “Las sanciones, impuestas al amparo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, según el nivel de responsabilidad determinado por esta institución, van desde suspensiones temporales y destituciones, hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, uno y diez años”, informó.

    Quienes estarán sujetos a dichos procedimientos ocupan cargos de nivel residente de obra, residente general, subdirector, director general adjunto y director general.

    Tras la auditoría iniciada también se encontraron irregularidades en la licitación y pagos en excesivos en la obra, se determinaron 22 observaciones a los cuatro contratos, que sumaron un monto observado de 1,034.4 millones de pesos.

    Observaciones

    Irregularidades en los procedimientos de licitación y adjudicación.
    Trabajos ejecutados sin comprobación documental.
    Incumplimiento al programa de obra convenido.
    Pagos en exceso.
    Inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con la misma.
    Inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto.
    Falta en la elaboración del finiquito de contratos.
    Las familias de las víctimas fueron indemnizadas por parte de las empresas Aldesem y Epccor. El monto no fue relevado, sin embargo, medios informaron que esta podría ir de los 500 mil pesos a los 30 millones.

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